Susana Giménez fue denunciada penalmente por la AFIP luego de negarse a presentar la Declaración Jurada de Bienes Personales del año 2019, un paso previo indispensable para pagar dicho impuesto.

Es por ese motivo que la AFIP determinó que la diva adeuda $50.000.000. Sin embargo, debido a las multas e intereses, la conductora podría llegar a pagar hasta $300 millones.

Vale aclarar que Susana Giménez sí respondió a los requerimientos previos (declaración jurada de patrimonio y otros trámites), pero se negó sistemáticamente a presentar la DDJJ de Bienes Personales, aduciendo que la reforma sancionada por el Congreso a fines de ese año es “confiscatoria”.

De esta manera, la celebridad solicitó una cautelar en el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad (JNCAF 10 - Expte 2254/21) por el incremento de la alícuota de BP 2019. Esta medida se rechazó por el juzgado, fue apelada y luego solicitó el desistimiento del recurso de apelación cuando se dicta la resolución de Determinación de oficio.

En el mismo expediente, la conductora presentó otra cautelar para que no ser denunciada penalmente, que fue rechazada en julio 2022 porque “no se advierte en principio arbitrariedad en el accionar de la Administración”. La misma fue apelada y a la fecha no tiene resolución.

“No existe medida judicial notificada a la fecha que nos impida que continuemos con el procedimiento. Por lo tanto, tras una serie de intimaciones no respondidas, se procedió a la denuncia penal. Salió sorteado el Juzgado Penal Económico número 5, a cargo del Dr. Diego Amarante”, comunicaron desde la AFIP esta mañana.

Según explicaron desde el organismo, Susana Giménez puede extinguir la acción penal con el pago de la deuda. “Dado los antecedentes de la contribuyente, es difícil que esto suceda, con lo cual el juez debería dar curso a la denuncia, pedir al Ministerio Público Fiscal que impute a la denunciada y la llame a declarar”, agregaron.

En el comunicado también detallaron que, en caso de no presentarse a declarar, la diva podrá ser convocada por la fuerza pública y hasta librar alertas de Interpol si se encuentra fuera del país.