"El proyecto prevé que el incumplimiento pueda derivar en severas condenas de cárcel para los directivos y remite expresamente a normas que establecen el cierre o clausura temporal o definitiva del establecimiento de salud", sostienen. En esa misma línea, señalaron: "Abogamos por una legislación que respete la objeción de conciencia individual e institucional, que respete la libertad de pensar y de creer, de asociarse y de trabajar, de cuidar y de curar, de salvar y de sanar, sin que se corra el riesgo de prisión, de inhabilitación o de clausura por actuar de acuerdo a su propia conciencia e ideario". El proyecto incluye la “objeción de conciencia” pero solo para el profesional pero obliga a las instituciones a realizar el procedimiento.

Este comunicado emitió por el Instituto Médico de Alta Complejidad